La amnistía es una palabra polémica que está haciendo eco en los últimos días en España. Hemos visto como el gobierno apoya esta iniciativa para anular las penas a todos los que participaron del Procés y que desencadenaron en los referéndums ilegales del 9-N y 1-O, así como la declaración unilateral de independencia de Cataluña de 2017.
Un poco de contexto
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Mapa político de España según el régimen legal. |
La cuestión catalana no tiene sus orígenes en los sucesos de 2014 y 2017 ni tampoco es la primera vez que Cataluña declara su independencia: hasta en cuatro ocasiones antes de 2017 lo han intentado, aunque en contextos diferentes.
Para algunos historiadores e independentistas, los orígenes radican en los decretos de Nueva Planta entre 1707 y 1716. Este decreto fue la supresión de los fueros y los órganos de gobierno del Reino de Aragón, siendo absorbidos por el Reino de Castilla. Esto se debió a que durante la Guerra de Sucesión, Aragón apoyó a Carlos de Austria, mientras que Castilla y Navarra apoyaron a Felipe de Borbón. Al ganar éste, las autoridades de Aragón fueron suprimidas por el nuevo monarca, caso contrario fue el del Reino de Navarra (actuales comunidades de País Vasco y Navarra), que por haber apoyado a Felipe V, pudo mantener sus órganos de gobierno, que a día de hoy siguen manteniendo un sistema fiscal diferente al resto de España (régimen foral).
Durante el siglo XIX surge un movimiento cultural que se conoció como la Renaixença. Inicialmente surgió dentro de los sectores conservadores catalanes, aunque luego se fue extendiendo a las clases trabajadoras. Resumidamente, este movimiento consistió en un resurgimiento de la identidad catalána, su lengua y literatura.
En 1873 durante la Primera República, la Diputación de Barcelona declara la independencia de Cataluña con el objetivo de establecer un sistema federal en la nueva república. Nuevamente se proclama en 1931, bajo la Segunda República, a manos del presidente de la Generalitat Francesc Macià, fundador de
Esquerra Republicana (ERC), declarando l
a República Catalana como estado integrado de la Federación Ibérica, aunque posteriormente acuerda con el Gobierno el Estatuto de Autonomía, entrando en vigor en 1932. El sucesor de Macià, Lluís Companys volvería a proclamarla nuevamente en 1934, debido a las tensiones derivadas de la
Revolución Obrera de 1934 tras la entrada de grupos de extrema derecha en el Gobierno Nacional. La declaración de independencia fue reprimida violentamente y Companys, junto a su gobierno, fueron detenidos y juzgados por rebelión. Como consecuencia, el gobierno central derogó el estatuto de 1932 y asumió las funciones temporales de Cataluña. Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones generales de 1936, el Gobierno amnistió a Companys y a sus consejeros, restituyendo la Generalitat y sus cargos, así como el Estatuto, hasta que estalla la Guerra Civil y Companys se ve forzado a exiliarse en Francia, donde en 1940 sería entregado a las autoridades franquistas, siendo posteriormente fusilado.
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Lluís Companys (centro), arrestado junto a otros consejeros de la Generalitat |
Bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) se suprimió nuevamente el Estatuto de 1932, prohibiendo el uso del catalán en el ámbito público y educativo y solo se limitó en el uso social. Esto provocó en una parte de las generaciones nacidas durante ese período pierdan o ignoren el idioma catalán. Con la Transición Democrática, se vuelve a la autonomía y se redacta en 1979 un nuevo Estatuto, que reintroduce el catalán como idioma cooficial junto al castellano.
Podemos hablar de que el conflicto actual radica a partir de 2003 con el Pacto de Tinell, cuando asume el gobierno tripartito de izquierdas, formado por el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), ERC e Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), tras 23 años del gobierno nacionalista de la Convergencia i Unió (CiU) de Jordi Pujol. El gobierno tripartito reformó el Estatuto de 1979 por uno que cambiaba algunas nociones, entre las que se menciona la Nación Catalana, creación de un poder judicial independiente, así como el deber de saber el idioma catalán (igualándolo como al castellano) y el reconocimiento de Cataluña frente a instituciones europeas. Básicamente, este estatuto pretendía una mayor autonomía de la Comunidad Autónoma.
Este estatuto fue refrendado en 2006, con un gran apoyo. Sin embargo, cuando el Estatuto llegó al Congreso de Diputados, el Partido Popular votó en contra y el Tribunal Supremo eliminó varios artículos por declarados inconstitucionales, entre ellos el concepto de Nación Catalana. En 2010, el Tribunal Constitucional falló a favor del PP, lo que desencadenó en protestas en Cataluña a favor íntegro del Estatuto. Por supuesto, el resentimiento de los políticos catalanes con Madrid se agudizó, llegando a ganar en las elecciones autonómicas de aquellos años.
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Papeletas del 9-N. |
Ese mismo año asume Artur Más, un político del CiU. Inicialmente no tenía aspiraciones independentistas, pero tras el rechazo del gobierno español de cambiar el concierto económico de Cataluña, giró su partido hacia el independentismo y adelantó las elecciones autonómicas en 2012 con la promesa de hacer un referéndum de autodeterminación. Para volver a asumir su segundo mandato, se tuvo que aliar con ERC, al mando de Oriol Junqueras. A pesar de declararse inconstitucional la consulta popular, se realizó el 9 de noviembre de 2014 la “Consulta sobre el futuro político de Cataluña”, donde ganó el SÍ con un 80,76%.
Nuevamente en 2015 se adelantan las elecciones, que estuvo marcado por los independentismos. Ganó Junts pel Si, gracias al apoyo decisivo del Candidatura d'Unitat Popular (CUP), que no apoyaría una nueva investidura de Más debido a los casos de corrupción que englobaban a su entorno y su partido. Es así que Más dejó que asuma Carles Puigdemont, hasta entonces una figura desconocida en la política catalana. Originario de Amer (Gerona) y proveniente de una familia pastelera independentista, ejerció como periodista y fue alcalde de Gerona hasta antes de asumir la presidencia de la Generalitat. Puigdemont, siguiendo la línea de su antecesor, prometió un nuevo referéndum, convocado para el 1 de octubre de 2017.
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Un Policía Nacional sosteniendo una urna durante el 1-O. |
Este referéndum, marcado por la violencia policial al considerarse ilegal, obtuvo el
SÍ a favor de la independencia con un 90,18%. A raíz de este resultado, el Consell declaró unilateralmente la independencia el 10 de octubre, al menos durante unos segundos, cuando se retractó y lo suspendió para establecer un diálogo con el Gobierno central. Bajo esta declaración, el gobierno de Mariano Rajoy impuso en Cataluña el
artículo 155, suspendiendo al gobierno de la Generalitat. Tras estos hechos, Puigdemont y sus concejeros fueron juzgados por rebelión, sedición y malversación. Sin embargo, el
president eludió las causas y se fue de España antes de que ordenaran su captura, siendo así hasta la fecha, que reside en Waterloo, Bélgica.
Desde 2019 Puigdemont es eurodiputado junto a otros de sus exconsejeros como Toni Comín y Clara Ponsatí. Debido un fallo del Tribunal de Justicia que autorizó la candidatura al Parlamento Europeo de este grupo, gozan de inmunidad parlamentaria. Otros de su gobierno no han tenido la misma suerte, siendo el caso de Junqueras que fue condenado en 2019 a 13 años de prisión.
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Toni Comín, Clara Ponsatí y Carles Puigdemont mostrando sus credenciales como eurodiputados. |
En junio de 2021, Pedro Sánchez indultó a algunos condenados del Procés para hacer un "borrón y cuenta nueva" sobre el asunto. A diferencia de una amnistía, el indulto es un perdón extraordinario que otorga un jefe de Estado y que beneficia a personas en específico, como fue el caso de Junqueras y otros encarcelados, pero no aplicaba a quienes habían huido de la justicia como Puigdemont.
Los acuerdos
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Pedro Sánchez volvió a asumir la presidencia el 16 de noviembre de 2023, al tener más de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados |
Tras las dos intervenciones fallidas del candidato del PP Alberto Núñez Feijóo (quien salió el más votado en las elecciones del 23 de julio de 2023), el Rey designó a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia, según el apartado 4 del Artículo 99 de la Constitución. Para que pueda tener la mayoría absoluta, debía convencer a los partidos (sobre todos los independentistas) que a cambio de sus votos para su investidura, garantizaría beneficios a su favor para la próxima legislatura. Ya pactaron con los vascos EH Bildu y PNV (posterior a Junts), pero los votos decisivos venían de los independentistas catalanes que pedían tajantemente la Ley de Amnistía.
El pasado 2 de noviembre, el PSOE y ERC firmaron un acuerdo en el que este último apoyaría la investidura de Sánchez a cambio de que se haga la amnistía, así como la concesión definitiva de Rodalies (trenes de cercanías) a la Generalitat. Aun faltaba la postura de Junts, que llegó a un acuerdo el 9 de noviembre, en donde el partido de Puigdemont apoyaría la investidura Sánchez a cambio de la tan polémica amnistía, la declaración de un referéndum (amparado al artículo 92 de la Constitución), manejo de la totalidad de los impuestos por la Generalitat y de una comisión que investigue supuestos casos de “lawfare” (judicialización de la política) contra los líderes del proces.
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A la derecha Félix Bolaños (PSOE) y Oriol Junqueras (ERC) firmando el acuerdo. |
Aquí puedes leer los acuerdos de
ERC y
Junts¿En qué consiste la Ley de Amnistía?
La ley de amnistía tiene como objetivo anular las penas relacionadas con el proceso independentista catalán ocurridas desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, destacando los hechos del 9-N y 1-O, con el objetivo de superar el conflicto político, en aras de un interés general. Esta medida afectará a todos los implicados, desde seguidores partidarios, funcionarios públicos hasta los políticos en cuestión.
La amnistía deja nula las penas de los implicados que se hallen en prisión, eliminación de antecedentes penales, así como se dejarán sin efecto las órdenes de búsqueda y captura (cita que hace una mención indirecta a Puigdemont). A su vez también reconoce a aquellos empleados públicos que tras ser despedidos, serán restituidos y contarán su antigüedad en su cargo, como si no haya habido interrupción de sus funciones.
También deja en claro que ser beneficiario de la amnistía no da derecho a recibir una indemnización ni la restitución del importe abonado en concepto de multa.
El texto, que fue hecho público el 13 de noviembre de 2023, no hace mención del lawfare contra los líderes independentistas.
Para que la ley sea aprobada, deberá pasar por el Congreso para que sea debatida. Al tramitarse de forma de urgencia, los plazos se reducen a la mitad que una ley normal. Una vez aprobada por la mayoría, se tendrá un plazo para que los grupos parlamentarios reclamen modificaciones. Posteriormente, se remitirá al Senado, donde la mayoría absoluta del PP prevé extender el tiempo máximo, que son de dos meses. Transcurrido ese tiempo se volverá a debatir en el Congreso de los Diputados y una vez que tenga mayoría absoluta, se convertirá en ley y tendrá vigencia cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Repercusión
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Manifestación en contra de la amnistía en la sede del PSPV-PSOE en Valencia, el 10 de noviembre de 2023. (Foto mía) |
El descontento no se hizo esperar. A raíz de los pactos con ERC y Junts, se llevaron a cabo numerosas manifestaciones en contra de la amnistía, apoyadas por PP y VOX, que se concentraron en las sedes del PSOE - sobre todo en la sede de la calle Ferraz de Madrid - en donde llegó a haber algunos enfrentamientos con la policía por parte de algunos alborotadores de organizaciones de extrema derecha.
Conclusiones al respecto
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Pedro Sánchez jura la Constitución y al Rey, tras ser investido como presidente el 17 de noviembre de 2023 |
Considero que no se puede opinar tan prontamente del impacto que tendrá la Ley. De momento, siento que la Ley es muy arriesgada e incierta, porque podemos ver que actualmente los que realmente parecieran beneficiarse son aquellos que han violado el Estado de Derecho y no el pueblo español en su conjunto. Parece que refuerza el discurso victimista de los independentistas y quiebra la unidad de España. Dado que el desarrollo de la Ley de Amnistía es reciente, genera un poco de desconfianza que sea positivo debido a la desconfianzas reconocidas que existe entre el gobierno y los líderes independentistas (como dice textualmente el acuerdo del PSOE y Junts). En caso de que se cumplan las partes del acuerdo ¿solucionará el conflicto actual en aras de un interés general como propone la Ley de Amnistía?.
Son muchas preguntas que no se pueden responder aún. Lo único es ver como se desarrollará esta legislatura, que claramente estará marcada por la presión de los partidos independentistas sobre Pedro Sánchez,
como se lo han hecho notar el día de su investidura, y que tan estable será con esta clase de presión para el conjunto nacional.
Excelente Artículo, con una mirada completa contextualizándolo en su narrativa, desde sus inicios con un gran recorrido histórico hasta el presente.
ResponderBorrarFelicitaciones.
Muchas gracias por tu comentario!
BorrarNice article, I'm not Spanish but from my knowledge, I'm totally against the possible independence of Catalonia. However, compromises should certainly be found to increase autonomy.
ResponderBorrarThanks for your opinion!
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